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CORRUPCIÓN Y CRISIS DE NUESTRO MODELO DE REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA. "EL ATRIL" DE "DIARIO DE LA SIERRA" (29/XI/09).

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 TAGS:undefinedDurante este mes de Noviembre -que ahora termina- existen -en distintos estadios de tramitación judicial- más de setecientos treinta casos de corrupción política, afectando a casi todos los niveles de las varíadas Administraciones del Estado. Para muchos, la situación política generada por estos casos delictivos -que se deriva de la detección constante y reiterada de estos supuestos- constituye un hecho tan grave que justifica la adopción de medidas excepcionales e inmediatas. Para otros -entre los que me incluyo- estos casos de distorsión democrática no son más que la consecuencia lógica del funcionamiento cotidiano de nuestro actual modelo político y social. La corrupción política existe porque nuestras formas políticas vigentes constituyen un caldo adecuado de cultivo para acontecimientos de esta clase. Por tanto, el problema no reside en la adopción de tal o cual medida concreta, sino en una auténtica transformación de nuestro sistema de representación política. Ese -y no otro- es el orígen del problema. Y es que las permanentes noticias que aparecen sobre esta cuestión no debieran tener otro efecto sobre la ciudadanía que el de la apertura de un amplio debate social. Debate necesario no sólo sobre la validez de las actuales formas de representación democrática, sino también sobre su eventual sustitución por otras posibilidades y modelos.

El actual modelo de representación política tiene su máximo fundamento -al parecer indiscutible- en la afirmación de representar a los ciudadanos en las distintas tareas de gobierno y ante las distintas instituciones administrativas. Siempre por medio de los partidos políticos, que no son más que unos entes organizativos interpuestos entre nosotros -los administrados- y los efectivos resortes del poder político. Sin embargo, ello no es cierto. Porque o bien este mecanismo no nos representa -en absoluto- o bien lo hace de manera incompleta y -por tanto- defectuosa. Lo que es denominado -de manera confusa y muchas veces meramente ideológica- como el Sistema, no es más que un complejo conglomerado de intereses económicos y políticos, que sigue rigiendo nuestras vidas en función de un equilibrio más o menos estable. Cualquier parecido entre el Sistema -los anglosajones han acuñado el correctísimo concepto de establishment- y una forma participativa abierta y verdaderamente democrática de representación no es más que coincidencia. Más o menos tangencial pero -al fin y al cabo- coincidencia.

Los falangistas creemos que nuestro modelo de representación política es -en su forma actual- absolutamente inseparable de las distintas posibilidades de corrupción en el ejercicio de los cargos públicos. Con ello -y por lógica- no queremos decir que todos nuestros cargos públicos sean corruptos. Lo que afirmamos es que, dentro de las vigentes reglas del juego político, todos tienen más posibilidades de serlo en el marco de una relativa impunidad. Ni más ni menos que la total imposibilidad que un Estado tiene de investigar todas y cada una de sus instituciones, así como todas y cada una de las personas que las integran. Esta tarea desbordaría la acción y los recursos de cualquier Estado moderno, y ello en el caso -esa es otra cuestión- que de verdad se quisiera poner cierto orden dentro de este caos. Y es que los casos de corrupción política que surgen a la luz no son más que la punta del iceberg, siendo su propio descubrimiento y exposición pública sólo una muestra más de la evidente perversidad de nuestro sistema representativo... ¿nunca os habéis preguntado la razón de aparecer determinado escándalo -precisamente ese- y no otro? A estos grados "normales" de corrupción se han venido a sumar otros radicales incrementos, producidos por el auge económico de la denominada cultura del ladrillo, fomentada como única fuente sólida de ingresos de los Municipios españoles. Ello ha supuesto una auténtica ríada de millones circulando -sin ninguna clase de límites- sobre nuestras Corporaciones Municipales. Que os voy a contar al respecto que no sepáis a través de los Medios.

Y es que el mismo planteamiento inicial de la cuestión no deja de ser una muestra más de este mal funcionamiento del que os hablo. Yo creo que el actual sistema político da por sentado que existe un nivel determinado de corrupción política. Una general aceptación ciudadana sobre la cuestión que constituye una de las aberraciones más increíbles de la opinión pública moderna. Y, dentro de este nivel más o menos amplio de corrupción -yo estimo que amplísimo- existe asimismo un nivel tolerable de conocimiento por parte del gran público... de los electores. El ciudadano occidental medio tendrá un nivel de tolerancia -a esta clase de noticias- capaz de asumir estos hechos hasta un cierto grado. El descubrimiento mediático y periódico de estos casos -y su más que presumible serio castigo penal- viene además a reforzar la idea de unas instituciones que funcionan. Malvados funcionarios que son detectados y castigados -sin remedio- a través del buen funcionamiento de nuestras leyes y de nuestros organismos de investigación y persecución del crimen. Un sistema político que -modélico y limpio- es capaz de apartar del cesto a las manzanas podridas que lo manchan. Conclusión inaudita mediante la cual -una vez más- se nos vuelve a quedar cara de tonto ya que -por lo que parece- no sólo tenemos que aceptar la corrupción como algo normal e inherente a nuestro modelo político sino que -asimismo- debemos aceptar sus consecuencias como algo positivo que vendría a confirmarnos -tajantemente- lo bien que funcionan las cosas. Aceptar esto como válido - la cosa vista de este modo- crea en el ciudadano occidental un estado de satisfacción capaz -y cuanto menos suficiente- de hacer que las ruedas del carro sigan girando.

Sin embargo, ello no es así. Porque si aceptamos que sólo salen a la luz casos muy contados de corrupción política, nos encontramos -de bruces- con un secreto a voces. El secreto del defectuoso funcionamiento de un sistema que -ni limpio ni democrático- es mantenido artificialmente en un constante equilibrio de intereses en juego. Intereses que -por otra parte y en su máxima expresión- no resultan coincidentes con los intereses de los ciudadanos... que se pierden en una oscura y opaca maraña de circunstancias crípticas principalmente económicas.

En primer lugar, hemos de analizar cuándo salen a la luz estos episodios políticos. Si os fijáis, la mayoría aparece en la segunda mitad de las legislaturas respectivas. Es decir, cuando los partidos políticos empiezan a tomar posiciones frente a comicios próximos. En estos momentos, suele ser necesario constatar la evidente maldad del adversario... su absoluta y total falta de honestidad. Así, determinado Medio ventila un hecho "x" relativo a la derecha. Inmediatamente, otro Medio de Comunicación ventilará algún escándalo "y" relativo a la izquierda. Todo ello en una muy controlada vorágine destinada a demostrar la indiscutible falta de probidad en los de enfrente... en los otros. Pero digo "muy controlada" -entre comillas- ya que, como podéis ver, jamás se plantearán -estos sesudos analistas políticos- los principios rectores que configuran el fondo real de la cuestión, sino que se limitarán a responsabilizar de este funcionamiento anómalo a determinadas personas poco escrupulosas. De esta forma, el problema se hace recaer sobre determinadas conductas ilícitas, pero no en la propia validez del modelo político existente.

El problema está en el propio contenido del sistema de partidos políticos. En sus reglas de funcionamiento cotidiano. Y es que, dejando al margen los escándalos que trufan aquí y allá nuestra vida política, existe un verdadero pecado original de nuestro esquema político vigente. Un pecado del que se derivan -en cascada- todos los demás. El verdadero escándalo de esta Democracia reside en las astronómicas sumas -hace lustros que se perdió la cuenta exacta de estas cantidades- que las entidades bancarias conceden a fondo perdido a los partidos políticos mayoritarios. Créditos y más créditos que tienden a sostener -de forma artificial y forzada- la estructura actual de los partidos políticos. Los partidos políticos que -lejos de servir a su originaria misión de ordenación idónea de las distintas opciones políticas de una sociedad civilizada- se han convertido en mastodónticas estructuras burocráticas de defensa de intereses muchas veces oscuros o, al menos, poco transparentes. Gigantescas empresas cuyo fin es la obtención de resultados -acumulación de cargos públicos y de cada vez mayores grados de influencia- que se instalan en la vida pública a través de su presencia en todas las instituciones del Estado. Aparatos burocráticos sostenidos por fondos públicos y privados cuya restitución nadie exige.

A mí, como Letrado en ejercicio que defiende, a menudo, a honestos y trabajadores ciudadanos que -imposibilitados de cumplir sus obligaciones de pago frente a las entidades bancarias- se ven procesalmente perseguidos por sus respectivas entidades bancarias, me resulta sencillamente repugnante esta discriminatoria distinción. Si Pepe Pérez o Fulano Sánchez -tú, aquel, ese y yo- deja de pagar las cuotas de un crédito bancario -de la clase que sea y con la entidad que sea- se verá, de forma más o menos inmediata, contundentemente reclamado por la entidad bancaria acreedora quien, sin ninguna clase de consideración por las circunstancias personales de cada uno, le perseguirá judicialmente hasta la obtención del íntegro cobro de estas sumas, incrementadas por el juego de los intereses, las costas y demás gastos procesales. Este principio inexorable se quiebra en el caso de los partidos políticos. Estos pueden deber todo lo que quieran, porque las entidades bancarias no les exigen -de forma alguna- la devolución de lo entregado. Nadie ha conseguido explicarme convincentemente la razón de este escándalo. Tampoco las instituciones -salvo tímidas indicaciones al respecto ofrecidas, cada vez más espaciadamente, por nuestro Tribunal de Cuentas- se pronuncian al respecto. Al parecer, se trata de otro de esos datos objetivos de aceptación obligatoria y nunca cuestionada. Miles de millones de Euros danzando, sin ningún control, sobre nuestras unidades básicas de participación política. Y los partidos políticos como entes liberados del pago del dinero que reciben, y de sus intereses, por supuesto. Estas entregas periódicas de capital no sólo tienden a fortalecer la posición social de los partidos de un modo artificial y, por tanto, desmesurado, sino a sostener el engranaje mismo del sistema... la piedra angular de nuestro sistema representativo. Y esto ni es lógico, ni es democrático.

Y como los partidos políticos son inmensos engranajes burocráticos, su conexión con el resto de la sociedad se viene a difuminar en cada vez mayores grados. A estas alturas de esta triste película, no creo que exista nadie que sostenga que existe una conexión íntima y fluída entre cada uno de los partidos políticos y los electores. Entre los partidos y el pueblo. Y, por extensión, tampoco existe una corriente circulante entre los electores y los elegidos. Entre el pueblo y sus cargos electos. Incluso a nivel municipal -donde teóricamente debería existir una mayor cercanía o proximidad en las acciones de gobierno- se deja sentir esta falta de conexión. Nosotros podemos conocer -de manera directa y cotidiana- a tal o cual Concejal. Esta proximidad nos induce a un repetido error político, porque los ciudadanos seguimos desconociendo -por mucho que conozcamos o veamos diariamente al cargo público en cuestión- los resortes de actuación -las razones orgánicas- que llevan a este mismo cargo público a acordar determinadas políticas y no otras. A conocer los verdaderos -e internos- resortes del poder. De esta forma, se llega a una conclusión terrorífica. Nuestro voto es un cheque en blanco. Algo que se nos pide cada cuatro años y que tan sólo sirve para instalar en las instituciones a un conjunto determinado de personas que -después y sistemáticamente- no nos ofrece nunca explicaciones adecuadas y profundas tanto sobre su gestión como sobre las razones de fondo de la misma. Una concepción democrática pobre y absolutamente alejada de los intereses ciudadanos reales. Y esa es -precisamente- no sólo la concepción de nuestro modelo político vigente, sino la única posible dentro de nuestra normativa constitucional de nuestro entorno. Porque esta forma poco transparente de gobernar no depende, tan sólo, del carácter más o menos abierto -o también más o menos honesto- del cargo público en cuestión, sino que es la única que puede desarrollarse dentro de nuestra legislación política.

Por eso, los falangistas creemos que no basta con un endurecimiento de las leyes penales concernientes a las conductas de corrupción política. Ni tan siquiera bastaría con la creación o mejora de las normas jurídicas -sean de la clase que sean- relativas a la transparencia en la marcha de las instituciones. Soluciones de esta clase tan sólo supondrían simples parches formales a este grandísimo problema de fondo. La solución pasa -necesariamente- por la transformación radical de las reglas del juego democrático. El poder no debe ser intervenido en mayor o menor medida. El poder debe ser repartido entre los ciudadanos. Amplíar la base democrática en el funcionamiento de las instituciones incidiría -de manera directa- en la transparencia de las mismas.

Se trata de algo tan lógico como eso. Cuantas más personas participan en la toma de decisiones públicas, más disminuye el peligro de corrupción política. Abrir las ventanas del poder -en cualquiera de sus diferentes estratos- y evitar las prácticas opacas de gobierno. Cogestión pública que desemboque -en un tiempo más o menos breve- en cada vez mayores cuotas de autogestión de todos sobre los asuntos de todos. Procesos revolucionarios permanentes que, en un primer momento, ordenen el ejercicio del poder y nos hagan participar a todos en el mismo, para ir desarrollándose después hacia formas de participación ilimitada. Cogestión y Autogestión. Y mucho más a nivel municipal, donde estas transformaciones podrían ser realizadas con muchísima mayor facilidad y donde -en el caso de poder realizarse- se procedería a una absoluta limpieza en este primer escalón -y muchas veces más importante- de corrupción política. Urbanismo participado, presupuestos participados... políticas de Mesas y Consejos donde todos decidamos y donde todos podamos obtener plena información sobre la marcha de los asuntos públicos. Organos de representación directa coexistiendo con los cargos elegidos.

¿Son los partidos políticos elementos insustituíbles de participación política? Muchos -cada vez más- creemos que no... que sólo ofrecen una solución adulterada e incompleta del antiguo problema -tan viejo como el mundo- de la representación política. Porque -y siempre garantizando el derecho elemental a la libre opinión y expresión de las ideas- nos encontraríamos con otras formas de representación directa más libres y transparentes. Sin duda más profundamente democráticas. Formas de participación directa que -muy lentamente- se están abriendo paso en las sociedades occidentales al amparo de legislaciones más o menos abiertas al respecto. El problema está en saber si dichas formas sustituirán radicalmente a los partidos políticos -a raíz de un proceso revolucionario contundente desde una mayoría social- o si, por el contrario, coexistirán con los partidos políticos durante un período de tiempo más o menos largo para -finalmente- terminar quedando arrinconados como ineficaces y aceptadamente innecesarios.

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