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ESPAÑA Y LA PENA DE MUERTE (JULIO 2.009).

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 TAGS:undefinedPublicado en el Núm. 184 (ÉPOCA II) de "La Gaceta Escurialense".

Angel Lossada -nuestro Secretario de Estado de Asuntos Exteriores- explicó en fechas pasadas que España está buscando una llamada moratoria universal de la pena de muerte de un año en el 2015, con el objetivo de que la Humanidad pueda comprobar -por primera vez en su Historia- cómo es el mundo sin ejecuciones capitales. Se trata de una de estas iniciativas adoptadas -cara a la galería y de vez en cuando- por el Presidente Zapatero para guiñar el ojo a su electorado progre. Estas iniciativas de este guaysocialismo que padecemos son como los melones, que hay que ir catándolos hasta que salen buenos. Pocas de estas causas universales son tan loables y tan dignas de apoyo como esta. Y es que, sencillamente y a estas alturas del Siglo XXI, la denominada pena capital no sólo es un verdadero atraso cultural -de una más que evidente inmoralidad política y social- sino que también ha resultado ser una medida absolutamente inútil en orden a la prevención del delito. Un instrumento penal sanguinario e ineficaz.

Lo cierto es que no existe una visión unánime de la cuestión ni entre los distintos Estados de la Comunidad Internacional ni -muchísimo menos- entre la opinión pública mundial. La abolición a nivel planetario -bendita Leyre Pajín y su terminología tecnoprogre- de la pena de muerte exigiría un estado de consenso general que, al día de hoy, dista mucho de la realidad de la cuestión. Dice Lossada que en tanto que ese debate se sustancia como nosotros queremos a favor de la abolición creemos que es perfectamente justificable y aceptable una moratoria de facto. No parece mala idea -me temo que teórica- paralizar la ejecución de la pena de muerte en el mundo en tanto en cuanto no se sustancia este debate. Lo malo es alargar -con esta suspensión- la situación legal de aquellos que ya han sido judicialmente condenados, para los cuales una moratoria no sería más que un plus añadido de agonía y de terrible -inimaginable- situación personal y familiar.

Los falangistas de la Sierra ya tuvimos ocasión de mostrar nuestro rechazo a la pena capital. Hicimos público un Documento en tal sentido en el mes de Agosto de 2.008. Y partíamos de una base histórica que nos afectaba a nosotros con especial relevancia como grupo político. La práctica mayoría de nuestros Fundadores fueron asesinados por medio de procedimientos procesales ilegales o a través de una aplicación irracional de esta medida criminal. Este sólo hecho debería servir de hito inicial que señalara nuestro rechazo radical a la institucionalización de la muerte como medida de eliminación de la disidencia política o social, y como pena criminal tipificada. El derecho a la VIDA -en todas sus manifestaciones- es el derecho elemental y básico del individuo. El Estado de Derecho tiene -entre sus más elementales misiones- encontrar ese punto de equilibrio entre el respeto a las normas penales de procedimiento y la necesaria protección de las víctimas del delito. Un equilibrio que -dentro de nuestra esfera occidental de valores morales- no puede resolverse nunca en perjuicio del derecho básico a la vida.

En aquel Documento preconizábamos nuestra creencia en el principio general de REINSERCIÓN de la persona condenada. Una visión estrictamente punitiva de la sanción penal conduce a interpretaciones legislativas contrarias no sólo a las orientaciones vigentes dentro de nuestro entorno cultural occidental, sino también a nuestra propia concepción del Hombre, como eje fundamental y fundamento de todo sistema político justo y equilibrado. Entendemos que la máxima pena es contraria a la DIGNIDAD de la persona. Envilecedora tanto desde una perspectiva individual -en lo que afecta al condenado- como colectiva, en lo que afecta a una determinada sociedad y a los principios éticos por los que pretende regirse. La pena capital es esencialmente contraria a la LIBERTAD del individuo, ya que el Hombre es libre de desandar lo andado... de buscar el arrepentemiento después de las malas acciones. De reinsertarse dentro de la colectividad organizada, debiendo la Administración garantizar ese derecho en conjunción con el interés de las víctimas del delito. La pena capital atenta contra la INTEGRIDAD de la persona. Todos tenemos derecho a morir con el mayor decoro, con el máximo posible de dignidad y con el respeto de nuestros conciudadanos. La pena capital desmonta brutalmente este derecho básico.

Recordábamos también el elevadísimo índice de criminalidad existente en los Estados que la contemplan en sus leyes penales y que la aplican, además de otras muchas consideraciones de orden sociocultural: la de tratarse de una medida esencialmente discriminatoria, al afectar a aquellas capas sociales imposibilitadas de valerse de una defensa jurídica eficaz o la de ser porcentualmente más aplicada a otras razas distintas de la blanca...

Todo esto -y más, como se dice en los anuncios televisivos- lo decíamos nosotros hace un año. Tenemos el convencimiento claro de que la Humanidad avanza hacia una progresiva desaparición de esta medida legal. Los Estados van a ir asumiendo un orden de valores más humano y -por qué no decirlo- más eficaz frente al delito. Mientras tanto, apoyemos la moratoria, en lo que tiene de gesto positivo y moralmente loable.

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