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LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMO FACTOR DE IGUALDAD PENAL (12/XI/09).

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 TAGS:undefinedCon la llamada violencia de género pasa igual que con casi todos los problemas graves que aquejan a la sociedad española. Que más que de una falta de leyes aplicables, se trata de una simple falta de valores. Ausencia de principios educativos sólidos. Valores asentados férreamente en una sociedad que deberían presidir -sin fisuras- nuestras relaciones interpersonales. Educación en el respeto y una clara definición de la igualdad entre los sexos en el ámbito de la pareja. Sin embargo, esto no se da. Y como no se da, tiene que venir la Ley -la fría regulación legal- para intentar suplir lo que no existe. A falta de valores... vengan leyes.

Las políticas legislativas emprendidas por un Estado justo y moderno deben tener -como una de sus finalidades prioritarias- la defensa de los más débiles... la protección de los intereses más necesitados de cuidado y tutela. Por eso yo -desde el falangismo- me he encontrado muy cómodo con el establecimiento de una regulación específica de la llamada violencia de género, y pienso que muchos de vosotros coincideréis conmigo en ello. Resulta indudable la exigencia de protección que tiene el colectivo -más o menos amplio según las siniestras estadísticas al respecto- de las mujeres maltratadas. Así nos lo indica -sin necesidad de acudir a otra clase de argumentos o consideraciones- la constante y diaria sucesión de noticias relativas a este determinado tipo de violencia, así como nuestra propia -y triste- experiencia como Abogados en ejercicio. Pasan frecuentemente asuntos así por nuestros Despachos Profesionales, y nos hemos acostumbrado a convivir con este horror. Pero también a intentar paliarlo en la medida de lo posible. Mecanismos existen para ello, por fortuna.

De todas formas, la natural evolución de este debate social ha hecho que -en este preciso momento- la discusión se centre en el contenido que debe tener esta normativa concreta, pero no en la necesidad de su efectiva inclusión dentro de nuestro sistema normativo. Porque la práctica mayoria de las fuerzas sociales y políticas españolas coinciden en la necesidad de establecer esta legislación específica, discutiendo tan sólo en torno a los extremos concretos sobre los cuales debe estructurarse esta acción de los poderes públicos. Acuerdo sobre el fondo y discrepancias en las formas.

Esto no siempre ha sido así. Y es que los sectores más insanamente reaccionarios de la sociedad española no solamente negaban la necesidad de una normativa específica sobre la llamada violencia de género sino que llegan a rechazar -incluso- la propia existencia del concepto, en el sentido de negarle una categoría jurídica autónoma y distinta de las demás clases de violencia. Se dice por estos sectores -generalmente ultraderechistas- que la violencia de una persona frente a otra está ya adecuadamente contemplada en el Código Penal, y que resulta innecesaria la redacción normativa de esta figura específica. Los actos violentos son siempre actos violentos, con independencia de quién los ejercite y sobre quién se ejerciten.

Sin embargo, la violencia de género es un tipo delictivo muy específico y -desde luego- merece una regulación independiente del resto de los actos violentos. Porque se trata de -nada más y nada menos- que de la violencia ejercitada contra una mujer por el mero hecho de ser mujer, y siempre dentro del ámbito de una relación personal previa con el agresor. Consiste en aquella violencia que -ejercitada por un hombre- tiene por motivación determinante la condición femenina de la víctima, con todas las notas de abuso de fuerza, humillación y miedo que ello trae consigo. Todas las demás formas de agresión -todas las distintas clases de violencia ejercitada entre personas- podrán ser definidos dentro de alguna otra categoría penal, pero no -precisamente- de la denominada de género. Se trata de una forma de violencia muy cualificada.

Otra cosa muy distinta ha sido el debate suscitado en torno a la discriminación positiva. Y es que, la existencia de una Ley específica sobre la Violencia de Género ha planteado dudas en torno a este concepto. Muy en la línea de las posiciones anteriormente referidas, estas tesis sostienen que no resultaría constitucional que un mismo hecho -como por ejemplo, un bofetón- tuviera distintas consecuencias penales en función del género del agresor. Se parte de la base de que un bofetón de un hombre a una mujer debe ser igual -como acto que es de violencia- que un bofetón de una mujer a un hombre. La Ley tendería -por tanto- a penalizar diferencialmente a los hombres respecto a las mujeres por una misma conducta constitutiva de delito. A mí esto -particularmente- no me cuadra y, en este sentido, se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional. Nuestro Alto Tribunal desestimó las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas que -en este sentido- se habían suscitado sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El problema reside en la óptica constitucional distinta con la que se enfrente la cuestión. Porque no se trata de una penalización distinta de conductas iguales sino de -ni más ni menos- una penalización diferente de conductas asimismo diferentes. La Ley Integral es plenamente constitucional porque no está penando desigualmente conductas iguales, sino sancionando desigualmente conductas desiguales. Y, en este sentido, la Ley Integral de Violencia de Género no puede ser considerada más que como un factor de igualdad, al aumentar el grado de protección penal del que gozan determinadas situaciones de violencia que antes estaban desprovistas de regulación específica. Elemento igualitario sobre supuestos de hecho anteriormente regulados de manera defectuosa. Completar la protección penal que le falta a un supuesto hasta igualarlo respecto a los demás. Esto es lo que ha hecho la Ley Integral... completar una protección deficitaria.

Parto de la base de que "dos bofetadas" no son -sin más- equiparables. Y ello porque cuando un hombre golpea a una mujer a la que está -o ha estado- ligado por algún tipo de vínculo sentimental específico -viniendo ese episodio de violencia enmarcado dentro de un conjunto de relaciones interpersonales entre agresor y víctima- nos encontramos con un tipo penal nuevo y altamente especializado... mucho más grave que la simple violencia considerada en abstracto. En este caso, nos encontraríamos con alguno de los supuestos de hecho contemplados en la normativa específica de la violencia de género: aquellas modalidades agresivas -ataques físicos o psicológicos- producidos dentro de un marco de relación y considerados como especialmente lesivos o humillantes frente a la mujer por el mero hecho de serlo.

Partiendo de esta base legal, surge la polémica al haber anunciado el PSOE una reforma del actual texto de la Ley Integral. Ya está corriendo el borrador por el Congreso y ya está -como siempre- servida la polémica. Porque, con independencia de la opinión que -sobre la oportunidad de estas reformas- tenga cada uno, lo cierto es que esta clase de iniciativas socialistas siempre están afectadas de una tremenda sospecha de electoralismo. Estos temas estrella de la política social del PSOE casi siempre son sacados a la palestra pública en momentos de baja popularidad o, también, en aquellos casos en los que se pretende contrarrestar alguna clase de información negativa respecto a algún aspecto de la acción del Gobierno. Lo cierto es que ahora se pretende una profundización en la Ley de Violencia Integral y -de la información que va apareciendo en los Medios- estas medidas se traducen en algunos avances positivos y también en otros -cuanto menos- preocupantes. Lo primero que llama la atención es que la Ley tenga que ser corregida tan pronto.... ¿simple acción electoral o subsanación de errores sinceramente detectados? Entre los positivos, podemos citar la retirada de la custodia e, incluso, de la patria potestad a los padres condenados por maltrato, contemplando asismismo la posibilidad de adaptar esta medida de forma cautelar y una vez admitida a trámite la denuncia... o la mejora en la coordinación entre Juzgados y servicios policiales en materia de violencia... o una mayor y mejor formación de los Jueces y funcionarios encargados de estos Juzgados especializados. Sin embargo, se ha hablado de un posible supuesto de discriminación positiva. Esta vez sí y de carácter grave, ya que se contempla la no aplicación como atenuantes de las actuaciones de maltrato realizadas bajo la influencia de las drogas o del alcohol. De esta forma, nos encontraríamos ante un supuesto extraño de excepcionalidad penal porque -dependiendo tan sólo del tipo delictivo de que se trate- serían aplicables determinados atenuantes y otros no. Y ello en vez de tener aquellos una aplicabilidad general a toda conducta, como exigiría un mínimo principio de seguridad normativa penal.

Lo que ocurre con las leyes es que sólo su aplicación en el espacio y en el tiempo demuestra su pretendida bondad. Al cabo de cierto tiempo, deberemos examinar cuáles han sido los resultados de la aplicación de estas normas jurídicas específicas. Y aquí la evaluación no puede resultar más sencilla. Si baja el índice de víctimas de la violencia de género, estaremos ante un conjunto positivo de medidas. Pero si no desciende, el problema deberá ser replanteado por nuestros legisladores.

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