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OTRA DE MEMORIA HISTÓRICA EN FONDO ROJO Y NEGRO EN "EL ATRIL" DEL "DIARIO DE LA SIERRA" (14/II/10).

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 TAGS:undefinedEl nacionalsindicalismo nació atrapado entre el odio y la incomprensión de la derecha y de la izquierda. Simbolizamos una España que no pudo ser. Porque Falange -a pesar de lo que se cuenta en nuestras Aulas y en nuestro muy subvencionado y complaciente Cine- fue otra de las víctimas de la Guerra Civil. Como movimiento político, pretendió ocupar un espacio propio dentro de la legalidad republicana pero -precisamente porque aquella legalidad republicana saltó hecha pedazos- ello no fue posible. Obligados por las feroces circunstancias a apostar por el rojo o por el negro, nosotros apostamos por el negro. Nos trituraron. Los unos a golpe de bala, tortura, paredón y chequismo. Los otros -básicamente- a golpe de Decreto, aunque de lo otro -nuestra ración de paredón- tampoco nos faltara entre los alzados. Al final -entre unos y otros- todos nuestros principales responsables y fundadores habían muerto, al igual que la mayoría de nuestros primeros afiliados. Y no sólo habían muerto las personas. También el partido había muerto en Abril de 1.937 por causa de los Decretos de Unificación del Caudillo.

Lo que quedaba -como símbolo triunfante de los vencedores- era aquello del Movimiento Nacional. Camisas azules y yugos y flechas, pero nada acerca de la nacionalización de la Banca, de la Sindicalización de nuestra economía, de la autogestión, de la Reforma Agraria o de la atribución de la titularidad de los medios de producción a los trabajadores. Una cáscara hueca con apariencia de falangismo pero sin falangismo. Falangistas dentro de un Estado que se alejaba -día tras día y de forma dolorasamente visible- de sus propios principios políticos. Temas recurrentes de nuestra opción política, y viejas cicatrices que sólo a nosotros importaban.

Memoria Histórica. Cuando hemos trabajado sobre esta cuestión de actualidad indiscutible -pertenecí a la comisión falangista que acudió a La Moncloa para tratar sobre ello, desde nuestra perspectiva, en los trabajos de redacción de esta discutidísima Ley- resaltábamos la circunstancia atípica de ser una fuerza política que había sufrido persecución desde los dos bandos en lucha. Persecución, atentados, muerte y procedimientos ilegales en la fase republicana de preguerra. Prisión, muerte y martirio en la Zona Gubernamental. Disolución legal, persecución y muerte bajo el Gobierno de Burgos.

Aparentemente vencedores pero profundamente marginados, divididos y perseguidos. Metáfora viva de la nueva España que nació tras la Victoria de 1.939. Viejas historias que guárdabamos en nuestro peculiar macuto, y que sólo nos interesaban ya a nosotros. Al menos hasta que cobró vigencia la Ley de Memoria Histórica traída de la mano del PSOE de Zapatero en el Gobierno. A partir de aquí, recibimos noticias relativas a la Guerra Civil y al Régimen de Franco con inusitada frecuencia. Se desempolvaban las Banderas de nuestros Padres, muchas veces sin el mismo respeto con las que se guardaron.

Ahora le ha tocado a la Querella de Falange Española de las JONS contra Garzón y al denominado cierre del Valle de los Caídos.

Parto de la base de que no me gusta -en absoluto- la Querella de Falange Española de las JONS contra el Magistrado Garzón. Como profesional del Derecho, considero un valor supremo -en sí mismo y con las lógicas excepciones- el de la independencia de los Jueces. Me gustaría pensar que en la España del Siglo XXI los Jueces emiten sus Resoluciones libremente, y sin ningún temor a ser perseguidos a posteriori por causa de sus decisiones. La Ley garantiza extensamente nuestra cobertura frente a decisiones injustas o contrarias a Derecho. Escribo esto guíado por mi convencimiento general de las cosas, pero no del caso concreto. No conozco suficientemente la Causa frente a Garzón como para pronunciarme, si bien conozco la sobrada pericia profesional tanto de los letrados de las dos entidades inicialmente querellantes, las que han abierto el proceso, como del Defensor de Garzón. Duelo de profesionales sólidos que augura un fascinante enfrentamiento procesal. Y a esta guerra ya abierta es donde llega -con posterioridad- la Querella de Falange Española de las JONS. A posicionarse al lado de los acusadores.

Decimos que dejando al margen -porque no la conozco- su eventual fundamentación jurídica y fáctica, lo cierto es que encuentro esta iniciativa procesal oportunista y meramente instrumental. Resulta que esta acción penal fue interpuesta tan sólo unos días antes de una Asamblea General del Partido que tenía por punto básico -y fundamental- la ratificación en la gestión del eterno Diego Márquez Horrillo, quien lleva al frente del Partido ininterrumpidamente... ¡¡¡desde 1.983!!!.

Y si seguimos considerando que todo el año 2.009 ha sido tormentoso -por utilizar un término amable- en lo tocante a la situación interna del Partido y en lo que afecta -precisamente- a los intentos de la Oposición para democratizar los usos de gestión y gobierno de Márquez y de su Junta Nacional -la famosa corriente interna REGENERACIÓN 2.009- no resulta descabellado creer que esta Querella no es sino un mecanismo más de reforzamiento de la posición política de sus órganos dirigentes. Una Querella Criminal cara a la galería y de exclusivo consumo interno.

La interposición de esta acción vendría a demostrar -a los militantes de base de la organización- que su Junta Nacional es capaz de tomar la iniciativa poniendo en serios apuros -además- a un personaje mediático y tan popular como lo es el Magistrado. Por si esto fuera poco, tampoco resulta desencaminado creer que esta Querella se dirige a establecer cierto liderazgo dentro del atomizado universo falangista presentando -ante todos nosotros- una imagen de Falange Española de las JONS como valedora de los derechos del nacionalsindicalismo ante las Instituciones del Estado. Aquí estamos Camaradas. Firmes frente al Estado. Los únicos y los primeros.

A mí toda esta movida no me convence. Estoy convencido del hecho de ser esta Querella un instrumento de política interna: de reforzamiento del sector oficialista frente a una creciente contestación interna, cuyo interés real en el presunto carácter prevaricador del Juez Garzón es limitado o nulo. Y ello con independencia de los presupuestos legales de esta acción que, por lógica, no me son conocidos. Lo que sí conozco -y de sobra- son las circunstancias políticas de esta iniciativa procesal, y a ellas me remito.

Todo este asunto adolece de una cierta precipitación, posiblemente derivada de la circunstancia de tener que ser presentada aceleradamente por las razones apuntadas. Precipitación y una gran dosis de imprevisión, tal y como demuestra el hecho de no haberse contemplado la circunstancia de la caución económica que el órgano instructor iba a solicitar al admitir a trámite la Querella de marras. Esta imprevisión hace que Falange Española de las JONS haya tenido que organizar una acelerada campaña en solicitud de la suma de los seis mil euros, fijados para ello por el Instructor, algo que -de manera evidente- no casa demasiado bien con la idea de una acción legal diligentemente encargada y planificada por la organización querellante. Reunir el dinero antes de interponer la acción, o tener la previsión de que el Instructor se lo va a pedir. Es así de sencillo. Salvo que se piense que esta acción procesal no va a ser admitida, la necesitemos para otros menesteres y -de repente- nos encontremos de cara con el problema de su admisión a trámite y de los gastos subsiguientes.

Y es que los más viejos del lugar no podemos menos que sonreír cuando vemos a estos singulares personajes presentarse como adalides de nuestra Memoria. Hasta el momento de la ya famosa querellita, no es que hayan hecho demasiado al respecto. Es más, siempre se han hegado de adoptar una respuesta común frente a lo que podía significar la Ley de Memoria Histórica. Son los mismos que dieron la espalda a la Comisión que acudió a La Moncloa a defender las posiciones falangistas frente a la Comisión Interministerial que se estaba ocupando de redactar el texto de esta Ley. Posteriormente, también dieron su negativa expresa a constituir un grupo de abogados que -por encima de los distintos partidos y grupos falangistas y de ámbito nacional- se dedicara exclusivamente a la defensa de nuestra Memoria frente a las eventuales actuaciones arbitrarias de las Administraciones y que pudieran afectarnos.

Dos ejemplos que nos indican el absoluto desinterés político que, sobre esta concreta cuestión, ha demostrado por el sector de Diego Márquez. Al menos hasta que descubrió lo políticamente rentable que podía resultar interponer esta acción penal contra Garzón. En un procedimiento que -por lo demás- ya estaba iniciado por entidades absolutamente alejadas del nacionalsindicalismo (el Sindicato Manos Limpias y la Asociación Identidad y Libertad) y que, por descontado, ni han agradecido esta actuación ni -muchísimo menos- la desean. La representación procesal de estas entidades ya ha manifestado ante el Instructor expresamente su rechazo a esta iniciativa forense. Dudo mucho -por otra parte- que haya existido ni tan siquiera un contacto previo con los otros querellantes -o con sus abogados- al objeto de planificar adecuadamente este movimiento jurídico.

Así no. Así yo no quiero jugar. La Memoria Histórica del nacionalsindicalismo -y de los nacionalsindicalistas- puede y debe defenderse de manera distinta, y no desde procedimientos penales abiertos por otros también para otras finalidades. Y sin aprovechar esta cuestión para sacar pecho y servir a fines cuanto menos extraños. A los efectos de reivindicar nuestra Memoria, nos es lógicamente indiferente si Garzón prevarica o no. Porque lo esencial es emplear mecanismos propios y específicos a este fin, y ello con imaginación y constancia en el tiempo. Fuegos artificiales frente a un trabajo serio y ordenado.

Yo siempre he creído en las posibilidades que la propia Ley 52/2007 ofrece a los falangistas para -mediante una utilización inteligente de este texto legislativo- la defensa y el reconocimiento de aquellas situaciones personales y colectivas que así lo requieran. Seguro que son posibles otros. Es cuestión de reflexionar detenidamente sobre ello, y no de avalanzarnos sobre cualquier acción penal ajena que pase por delante. Querella falangista frente a Garzón y cierre del Valle de los Caídos. Los últimos dos capítulos de esta cada vez más truculenta cuestión de la Memoria Histórica.

El problema de la reparación moral y material de los muertos y perseguidos del bando republicano lo había ido resolviendo la Transición con una amplísima legislación normalizadora de sus situaciones. Los aspectos económicos recogidos en la Ley de Memoria Histórica podrían haber sido objeto de una normativa independiente, que se hubiera unido al conjunto de disposiciones que antes hemos citado. Se trataba de una ley innecesaria en su conjunto, la cual era -en origen- menos agresiva en sus postulados rectores, los cuales tuvieron que ir radicalizándose a medida que se necesitaba el apoyo de la izquierda para su aprobación parlamantaria.

Nosotros -como falangistas- no nos hemos opuesto jamás al recuerdo honorable de los Muertos de España. Todos tienen derecho a ser honrados, del mismo modo que todos tenemos derecho a honrarlos. Nunca nos hemos opuesto a la Memoria, y eso desde muchísimo antes de que estuviera vigente esta legislación absurda. El problema esencial de la Memoria Histórica es que ha impuesto un camino de una sola dirección, absolutamente acorde con una versión maniquea de la Historia de España. Lo que pasa con las versiones maniqueas es que -además de ser, por regla general, falsas e incompletas- contribuyen a que la herida no se cierre. Girar siempre sobre nuestro eje sin un mínimo criterio de grandeza ni de altura de miras.

Eso es lo que está ocurriendo en esta cuestión que -a veces- alcanza ribetes surrealistas en nuestra mejor tradición del humor negro. Como el caso de aquella fosa descubierta en Alcalá de Henares con decenas de restos humanos -aquella que se decía que pudiera corresponder al enterramiento de Andreu Nin- y de la que nadie quiere hacerse cargo porque los muertos allí enterrados no lo han sido en el Bando políticamente correcto. O el del cuerpo del genial Lorca, no aparecido en dónde debía estar según los cálculos del asombroso Ian Gibson. O el de un gran número de generales olvidados que -tan sólo por su pertenecia al Ejército- se han visto sumergidos por este torbellino revisionista y se han quedado sin su Calle a pesar de no haber intervenido en la contienda. O la de aquellos falangistas que -no siendo conocidos por los miembros de la Corporación de turno- siguen teniendo alguna Calle o Plaza sin problemas. Casos más o menos anecdóticos que nos muestran -por encima del sano cachondeo español- el nítido fondo de irracionalidad y de injusticia que se nos muestra en esta cuestión.

Existe un amplio sector de falangistas al que no nos gusta el Valle de los Caídos. Lo entendemos -en sí mismo- como una obra monumental y faraónica absolutamente alejada de la verdad del nacionalsindicalismo. Nosotros -que estamos propugnando una vía política alternativa, sencilla, popular y revolucionaria- nos vemos irremisiblemente encadenados a esta grandiosa y desmedida obra de exaltación estética y religiosa. Por eso, no perdemos la ocasión de solicitar públicamente la salida de allí de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. El último preso del franquismo, le hemos llamado en un Manifiesto hecho público en el 2.009 pidiendo su traslado a espacio más sencillo y familiar.

Porque su presencia allí no resulta demasiado coherente con su vida y su obra, y porque tampoco resulta -crueles paradojas de la Historia de España- demasiado acertada la circunstancia de compartir un lugar de respeto con el General que -al tiempo que ponía fin a la vida independiente del nacionalsindicalismo como fuerza política independiente y soberana- usurpaba nuestros símbolos y nuestra doctrina, en uno de los fraudes políticos -un timo mucho más grande que el propio Cuelgamuros- más llamativos del ya pasado Siglo XX. El Fundador enterrado al lado de quién se dedicó -concienzuda y sistemáticamente- a finiquitar el nacionalsindicalismo durante y después de la Guerra Incivil.

Como es sabido, a muchos falangistas no nos gusta el Valle de los Caídos. Sin embargo, nos preocupa el hecho de su cierre, como prueba evidente de la existencia de una cierta Policía del Pensamiento tendente a imponernos una determinada interpretación de la Historia. Por ejemplo yo -como republicano confeso y convencido- podría pedir el cierre del Palacio Real de Madrid o del Monasterio de San Lorenzo, porque se trata de estandartes arquitectónicos evidentes de la Casa de Borbón y de la de Austria, instituciones ambas asentadas en nuestra Historia sobre un rosario inacabable de guerras, muerte, persecución del disidente y demás lindezas propias de un gobierno antidemocrático... ¿a qué suena absurdo?

El problema planteado es mucho más profundo que el cierre temporal -o permanente- del Valle de los Caídos. Se trata -nada más y nada menos- de establecer criterios racionales de estudiar y entender la propia Historia. De replantearnos la forma en la que estamos tratando esta cuestión desde todos los puntos posibles de vista, ya sean políticos, científicos, culturales o meramente históricos. Sin tergiversaciones ni falseamientos conscientes de estos durísimos acontecimientos pasados. Las claves de ello son la normalidad y el respeto pero -mucho nos tememos- que esta asignatura la estemos suspendiendo.

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