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LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA (MARZO 2.009).

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 TAGS:undefinedExiste un sector de falangistas a los que no nos ha gustado la llamada Querella de Garzón interpuesta por Falange Española de las JONS. Por muchas y varíadas razones. El problema que yo tengo con esta acción penal es que no me la creo. Me recuerda, a veces demasiado y salvando las lógicas distancias, al ataque argentino a Islas Malvinas o la invasión iraquí de Kuwait. El recurso a las intervenciones exteriores -como elemento galvanizador de voluntades- es uno de los métodos más utilizados por las Dictaduras al objeto de solventar sus dificultades internas. Ante determinadas situaciones de crisis interna, los regímenes dictatoriales suelen preferir una aventura exterior -apelando a la solidaridad ciudadana nacida del patriotismo fácil- a un trabajo interno que, de forma constante y dialogada, tienda a una solución estable del problema de que se trate.

Existe un sector de falangistas que opina -opinamos- que resultan extremadamente más urgentes para nuestro ámbito político las soluciones que podamos encontrar a cuestiones tales como la normalización de nuestra vida política interna, la articulación de mecanismos de integración y coordinación entre nosotros o la redefinición -desde la base más extensa posible- de nuestro proyecto político. Estas cuestiones resultan de importancia esencial e insoslayable. Mucho más que decirle cuatro cosas -como ha dicho Jorge Garrido en un indisimulado intento de conectar con la fibra sensible de lo que quede, al día de hoy, de nuestras bases- a tal o cual Magistrado de la Audiencia Nacional.

Yo tengo la opinión de que algo de esto hay en el asunto de la Querella que Falange Española de las JONS le ha puesto al Juez Garzón. Porque, si bien los responsables de esta organización política no han dejado de pronunciarse en contra de lo que llaman la politización de la Justicia, yo creo que la interposición de esta acción penal constituye un verdadero ejemplo de las mismas actitudes que dice querer combatir. Creo que se trata de un verdadero ejemplo de iniciativa judicial politizada: de acción procesal que cumple un fin distinto del públicamente declarado. Tanto por el momento en que se inicia, como por las circunstancias que la rodean. Tanto por las razones esgrimidas para su interposición, como por las eventuales consecuencias de la misma. Algo huele a podrido en Dinamarca.

PORQUE existen más que fundadas sospechas de instrumentalización de esta acción penal para fines políticos puramente internos. La acción es interpuesta el día 1 de Septiembre de 2.009, tan sólo cuatro días antes de la discutidísima Asamblea General Extraordinaria que debía de ratificar en su cargo al eterno Diego Márquez Horrillo. De esta forma, y en mitad de una de las crisis internas más graves por las que ha atravesado esta organización falangista, la Junta Nacional presenta ante la militancia esta iniciativa penal como ejemplo de actividad incesante y de decisión acertada. Una razón más de reforzamiento del sector oficialista y de exclusión y apartamiento de la corriente opositora REGENERACIÓN 2.009, y ello en la asamblea en la que se consumaba la estrategia de marginación autoritaria de la oposición que están llevando a cabo los máximos dirigentes del partido.

PORQUE existen más que fundadas sospechas de instrumentalización de esta acción penal para fines políticos puramente externos. Esta iniciativa vendría a demostrar -frente a todos los falangistas- el desinteresado trabajo realizado por la actual Junta Nacional de Falange Española de las JONS en defensa de todos y cada uno de nosotros. Esta Querella se convertiría -de este modo- en un factor de liderazgo dentro del entorno político nacionalsindicalista. Sin embargo, esta argumentación olvida el hecho incuestionable de haber sido -precisamente esta misma Junta Nacional- la principal adversaria de un trabajo conjunto ante la Comisión Interministerial que redactó el texto inicial de la Ley de la Memoria Histórica, o de la constitución de una plataforma jurídica unitaria en defensa de la memoria falangista. Y eso sin entrar en mayores consideraciones sobre las siempre escasas iniciativas unitarias emprendidas -o no emprendidas, mejor dicho- por los mismos que ahora se querellan.

PORQUE el estado interno del partido -por razones de simple y elemental prudencia política y jurídica- desaconseja adoptar la decisión de esta clase de actuaciones externas de contenido público. Constituirían actuaciones políticas maduras las tendentes a la solución de estos gravísimos problemas internos. Por el contrario, los responsables de la organización falangista han optado por emprender acciones efectistas externas. Apelación a un fácil sentimiento visceral de los falangistas frente a las más complicadas soluciones duraderas y consensuadas que podrían haberse adoptado. Y ello sin entrar en materia de una eventual inhabilitación o suspensión judicial de los actuales responsables del partido mientras se tramite -al mismo tiempo- la llamada Querella de Garzón.

PORQUE la información suministrada es escasa y contradictoria. Como ejemplo, puedo citar la divergencia existente entre la primera información pública oficial suministrada por el partido -que nos hablaba el 8 de Septiembre de 2.009 de un simple Escrito de Personación en la Causa- y las informaciones posteriores, en las que ya se anuncia, rotundamente, una interposición de Querella. O existen pasos intermedios que no nos han contado o existe una información defectuosa o incompleta.

PORQUE, y en la relativo a las cantidades solicitadas en concepto de fianza, no se han explicado adecuadamente importantísimos extremos concernientes a esta cuestión. El manejo de fondos de terceros debe realizarse extremando cuidado y transparencia. Lejos de ello, ni se ha ofrecido al público la suma final alcanzada a través de esta cuestación pública -qué ocurriría si se hubiera recolectado una suma superior a la requerida de seis mil Euros- ni se han silenciado diligentemente los rumores que nos hablaban de una utilización de estas sumas para fines distintos ni -lo que es más grave- se han establecido en forma alguna las condiciones de recuperación de las cantidades entregadas. Todos estos requisitos esenciales de buen orden se hubieran subsanado ofreciendo una información puntual -pública y periódica- de la cifra exacta que se estaba recogiendo.

PORQUE los falangistas somos plenamente capaces de defender nuestra Memoria de forma independiente, sin depender de acciones judiciales ya iniciadas por organizaciones ajenas al nacionalsindicalismo. Esta acción penal se ha interpuesto aprovechando el cauce procesal abierto anteriormente por las entidades Manos Limpias e Identidad y Libertad. Ello crea no sólo distorsiones procesales -las organizaciones inicialmente querellantes se han manifestado contrarias a la intervención judicial falangista- sino políticas, ya que vincula -respecto a la opinión pública española- al nacionalsindicalismo moderno con debates históricos que debieramos tener sobradamente superados.

Por todos estos argumentos, yo estoy en contra de la llamada Querella de Garzón. Abramos un proceso de debate -democrático, maduro y reposado- sobre la oportunidad de esta iniciativa judicial que -a la postre- no es más que una iniciativa política. Y rechacemos estos brindis al sol: iniciativas destinadas a dejar en un segundo plano nuestras necesidades más urgentes. Fuegos de artificio que -encendidos por responsables falangistas que siguen considerándonos niños irresponsables- tan sólo tienden a que nos olvidemos -en mayor o menos grado- de nuestros verdaderos problemas.

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